La crisis del panamericanismo

Por: PEDRO DE LA HOZ

caricaturaLa concertación puesta en marcha con la constitución de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, cuya II Cumbre tuvo lugar en La Habana, recuerda por contraste la crisis del panamericanismo, instrumento concebido por Estados Unidos en las postrimerías del siglo XIX para ejercer la hegemonía imperial en el continente.

Vástago de la Doctrina Monroe proclamada tempranamente en 1823 —América para los (norte)americanos—, comenzó a delinearse en la Conferencia Internacional Americana de Washington, que transcurrió entre1889 y1890, y en la cual EE.UU. disimuló sus apetencias neocoloniales mediante el establecimiento de la Oficina Internacional de las Repúblicas Americanas, que veinte años después en Buenos Aires, siempre bajo el control de la Secretaría de Estado, derivaría en la Unión Panamericana.

Tempranamente el genio político de José Martí, quien a la sazón fungía como Cónsul del Uruguay, advirtió las reales pretensiones de la cita continental en la capital norteamericana, sobre las que escribió en una crónica publicada en dos partes por el diario bonaerense La Nación.

Para Martí “jamás hubo en América, de la independencia a acá, asunto que requiera más sensatez, ni obligue a más vigilancia, ni pida examen más claro y minucioso, que el convite que los Estados Unidos potentes, repletos de productos invendibles, y determinados a extender sus dominios en América, hacen a las naciones americanas de menos poder, ligadas por el comercio libre y útil con los pueblos europeos, para ajustar una liga contra Europa, y cerrar tratos con el resto del mundo”.

Profundo conocedor de la realidad norteamericana y de la evolución social y económica de esa nación, Martí desmonta uno a uno los argumentos con que Washington intenta seducir a los gobernantes de los países al sur del Río Bravo y plantea como cuestión de fondo: “De una parte hay en América un pueblo que proclama su derecho de propia coronación a regir, por moralidad geográfica, en el continente (… ) mientras pone la mano sobre una isla y trata de comprar otra, que todo el Norte de América ha de ser suyo, y se le ha de reconocer derecho imperial del Istmo abajo, y de otra están los pueblos de origen y fines diversos, cada día más ocupados y menos recelosos, que no tienen más enemigo real que su propia ambición, y la del vecino que los convida a ahorrarles el trabajo de quitarles mañana por la fuerza lo que le pueden dar de grado ahora”.

Ese pretendido derecho imperial se manifestó a lo largo del siglo XX mediante la penetración financiera y económica, los manejos diplomáticos (el panamericanismo propiamente dicho) y la injerencia directa, que apeló al uso de la fuerza (invasiones y ocupaciones militares) y la manipulación y apoyo a estamentos castrenses o civiles locales (golpes de estado y gobiernos títeres), práctica desembozada por décadas, hasta que en tiempos más recientes pusieron de moda operaciones encubiertas por parte de la comunidad de inteligencia, agencias gubernamentales y organizaciones pantalla.

La Doctrina Monroe, que enarboló a principios de la pasada centuria el Big Stick y se travistió luego con el ropaje del Buen Vecino, permeó la esencia de la diplomacia norteamericana en las Conferencias Interamericanas y Reuniones de Consulta llevadas a cabo entre 1910 y 1945, año este en que durante el cónclave efectuado en México, ante unos Estados Unidos triunfantes en la Segunda Guerra Mundial, los gobiernos de la región, salvo la Argentina peronista excluida de la cita, se pliegan al interés de Washington por liderar el orden mundial. Dos años después, en Río de Janeiro, coincidiendo con los primeros aires de la guerra fría, nació el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), instrumento que facilitó el intervencionismo militar estadounidense, y en 1948, en una Bogotá convulsionada por el asesinato del político liberal nacionalista Jorge Eliecer Gaitán, se fundó la Organización de Estados Americanos (OEA), escenario diplomático propicio para el ejercicio de la dominación por parte de la Casa Blanca.

El ejemplo más evidente de la asimétrica relación de EE.UU. con el resto del continente en el seno de la OEA se dio cuando Cuba, donde había triunfado la Revolución, fue suspendida de la organización en 1962 debido a las presiones de Washington sobre sus su-puestos pares, que con la honrosa excepción de México, unos primero y otros después, se adhirieron a los deseos del vecino del Norte.

Justamente la Revolución Cubana encendió la alarma de los gobernantes y el gran capital norteamericano. Había que hacer algo que pareciera, aunque fuese en realidad una operación cosmética, ventajoso para los países de Amé-rica Latina y el Caribe.

Fue así como la administración Kennedy implementó la Alianza para el Progreso en 1961. Proyectada para diez años y con un monto financiero de 20 000 millones de dólares, la oferta se concretó en Punta del Este, Uruguay, en agosto de1961. Cuba, que todavía se hallaba en la OEA, denunció la estratagema imperial y no firmó el acta final. Su representante en el foro, el comandante Ernesto Che Guevara, se convirtió en la figura más aclamada por los pueblos.

Algunos analistas atribuyen el fracaso de la Alianza para el Progreso a la falta de apoyo al programa por parte de las administraciones que sucedieron al asesinado presidente, cuando lo cierto fue que su alcance estaba condenado a no tomar vuelo desde su propia concepción, debido a los perfiles demagógicos de la mayoría de los gobiernos imperantes, la mediación interesada del sector privado y la ineficacia de los mecanismos puestos en juego por la Alianza.

Como se sabe, la última gran tentativa norteamericana por asegurarse el dominio económico de la región tampoco resultó: el Área de Libre Comercio para las Américas (ALCA). De acuerdo con la lógica imperial, una lectura de los años 90 del pasado siglo indicaba que era el momento de subsumir las economías de los pueblos de la región en el nuevo orden planetario que se suponía sucediese a la bipolaridad norteña. Con las izquierdas tradicionales replegadas y el apogeo de las doctrinas neoliberales, se lanzó la iniciativa del ALCA en el transcurso de la agenda de las Cumbres de las Américas, que comenzaron su andadura en 1994. Pero esa lógica, como era de esperar, no contó con el fracaso del modelo neoliberal, ni con el renacer de las fuerzas progresistas en el continente, ni con las perspectivas de nuevas posibilidades de asociación entre los países latinoamericanos y caribeños ajenos a la tutela. Ni con la inclaudicable firmeza y resistencia del pueblo cubano, ni con la emergencia de un líder de la talla de Hugo Chávez, que al reanimar el ideario bolivariano contribuyó a construir un escenario diferente para los pueblos de nuestra América.

En el 2005, la IV Cumbre de las Américas expidió el certificado de defunción del ALCA, suscrito por las posiciones insobornables de Chávez, el anfitrión Néstor Kirchner, el uruguayo Tabaré Vázquez, el brasileño Luiz Inacio Lula da Silva y el clamor de los movimientos sociales convocados por la Cumbre de los Pueblos, a la que asistió el futuro presidente de Bolivia, Evo Morales. El mandatario norteamericano salió literalmente con el rabo entre las piernas de Mar de Plata.

Ese fue el fin de más de un siglo del panamericanismo made in Washington, que se ha quedado con la fórmula de los tratados bilaterales de libre comercio como herramienta para ejercer la hegemonía. La espiral ascendente emprendida por mecanismos de integración como el ALBA, MERCOSUR, la Asociación de Estados del Caribe, incluyendo valiosos antecedentes como el Sistema Económico Latinoamericano (SELA), la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) y la Comunidad Andina de Naciones (CAN), ha venido demostrando que es posible un entendimiento intrarregional independiente.

Ahora en un ámbito mucho mayor e inclusivo corresponde a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) dar un impulso definitivo al proyecto de integración propia.

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