Los 5: Y las trampas en el camino…

Jóvenes de la Universidad de Matanzas durante una de sus actividades por la liberación de Los Cinco

Por Edmundo García

Quiero comenzar este artículo hablando alto y claro: Si el gobierno de Cuba accediera a permitir que Alan Gross viajara a Estados Unidos, por el tiempo y la razón que fuera, creo que ni los huesos del luchador antiterrorista Gerardo Hernández Nordelo, con doble cadena perpetua más quince años de condena, volverían a ver el sol de Cuba jamás. Es lo que pienso, ahora me explico.

El pasado 27 de febrero la prensa cubana e internacional circularon la noticia de que Phil Horowitz, abogado del luchador antiterrorista René González Sehwerert, había presentado una moción de emergencia ante la Corte pidiendo permiso para que su representado, ahora en libertad condicional en Miami, pudiera regresar a Cuba por dos semanas para visitar a su hermano Roberto González Sehwerert, quien se encuentra seriamente enfermo.

El 12 de marzo se supo que la Fiscalía reconocía el carácter humanitario de la solicitud, pero se oponía a la misma argumentando preocupaciones de seguridad del FBI. El 15 de marzo, más de dos semanas después de que se conociera la petición del abogado de René, los medios daban a conocer una declaración de Peter Khan, abogado de Alan Gross, acerca de que él había enviado una solicitud similar al gobierno cubano a través de la Sección de Intereses en Washington, pidiendo que permitiera a Gross viajar dos semanas a los EEUU para visitar a su madre de 88 años y a su hija, ambas con problemas de salud.

No hay que ser adivino para darse cuenta de que el abogado Peter Khan está forzando una equivalencia entre el pedido de René y el pedido de Alan Gross. Ni tampoco hay que ser un mago para concluir que con la declaración se quiere condicionar la solicitud de René, y de paso, contrarrestar la creciente simpatía internacional por su causa. Pareciera que más que lograr la petición de Gross, lo que su abogado desea es que se niegue la que anteriormente se hizo para el héroe cubano.

Lo primero que hay que tener en cuenta es que René es un hombre libre. Y que el régimen de libertad condicional lejos de su familia se le aplica por dos situaciones especiales:

1-La causalidad determinante de que René González nació en los Estados Unidos, en Chicago; por lo que debe hacer la probatoria en el territorio de este país. La misma situación aplicaría para el caso de Antonio Guerrero Rodríguez, que nació en Miami; pero no para Gerardo Hernández Nordelo, Fernando González Llort o Ramón Labañino Salazar, nacidos en Cuba, quienes serían deportados al salir de prisión.

2-La otra situación especial es que el caso de René, como el de los otros héroes prisioneros, es indiscutiblemente político. Si este caso no estuviera politizado, la visita humanitaria de René dependería solo de una entrevista de su Oficial de Probatoria con la Jueza Joan Lenar, para comprobar cómo ha sido su comportamiento desde que salió de prisión. Comportamiento que como todos saben ha sido intachable; por lo que la Jueza Joan Lenar seguramente aprobaría el pedido.

Si alguien dudara de la politización de este caso, no tiene más que revisar las recientes declaraciones hechas por la Congresista Ileana Ros-Lehtinen cuando se enteró de la solicitud presentada por el abogado de René. La legisladora Republicana y jefa del Comité de Relaciones Exteriores del Congreso dijo con mucho disgusto: “de ninguna manera, de ninguna forma, de ningún modo”. Incluso llegó a criticar al Departamento de Justicia por dejar una puerta abierta y admitir que efectivamente en la legislación estaban previstas ciertas condiciones bajo las que un pedido como el de René podía concederse.

La mal diseñada estratagema, la inaceptable trampa de equiparar la condición de Gross con la libertad condicional de René no viene de ahora; pertenece a una agenda que empezó antes de que saliera de la cárcel el pasado 7 de octubre. Varios hechos me hacen creer que esta fue la base de la rechazada propuesta que adelantó Bill Richardson, ex Gobernador de Nuevo México, en su último viaje a La Habana.

Quiero ser concluyente y poner sobre la mesa las verdades que definen la situación a que nos enfrentamos: René es un hombre libre que cumplió su condena. Alan Gross es un prisionero que recién empieza a cumplir la suya. Para que la equivalencia entre un caso y otro fuera posible tendría Alan Gross que haber cumplido su sentencia en prisión en Cuba y permanecer en libertad supervisada en la isla como permanece René en los Estados Unidos. Entonces sí. Pero por ahora es evidente que no se trata de situaciones similares.

Equivalente podría ser también, por ejemplo, que se le permitiera viajar dos semanas a Cuba a alguno de los héroes todavía en prisión, a cambio de similar permiso a Gross. Por otra parte hay que recordar que la madre de Gerardo Hernández Nordelo falleció estando él en prisión y no se le ocurrió pedir un permiso para asistir a su funeral. Como a René tampoco se le hubiera ocurrido pedir el permiso para viajar a Cuba si aun estuviera en la cárcel y no en libertad condicional.

El intercambio de prisioneros y la correspondencia de gesto por gesto no es un capítulo nuevo en la historia de las tensas relaciones entre Cuba  y los Estados Unidos. Se hizo en época del Presidente Carter, cuando este solicitó a Cuba la liberación de presos en la isla y el Comandante Fidel Castro pidió a cambio la libertad de los presos políticos puertorriqueños, los llamados “Macheteros”, entre los que se encontraba Lolita Lebrón. Al más alto nivel, de la forma más discreta y sin rejuegos mediáticos, estos tratos pudieron lograrse. Se sabe que el Presidente Carter tuvo fuerte oposición de políticos Republicanos en este intercambio, pero al final la razón se impuso y la fórmula de Fidel de gesto por gesto se abrió paso.

Esta parte de la historia debe serle contada a Alan P. Gross, a su esposa Judy Gross y a los demás familiares y abogados para que sepan que la solución es posible. Ellos podrían probar incluso con pedir permiso a Cuba para que la madre y la hija enferma de Alan Gross le visiten; como ya ha hecho más de una vez su esposa Judy; sin que todavía Olga Salanueva y Adriana Pérez hayan conseguido visas norteamericanas para visitar a sus esposos René González y Gerardo Hernández Nordelo. A Alan Gross también le han visitado en la prisión los Senadores Patrick Leahy y Richard Shelby, el Reverendo Michael Kinnamon, el Rabino Reb David, la estratega en políticas Donna Brazile, la ex Congresista Jane Harman, entre otros. Y Cuba no ha pedido ninguna reciprocidad a la hora de autorizar esas visitas; por ejemplo, no ha exigido que a cambio se le permita visitar a los héroes cubanos a funcionarios como Ricardo Alarcón, Presidente de la Asamblea Nacional, o al Canciller Bruno Rodríguez, ni siquiera al Embajador Jorge Bolaños; solo lo han hecho los cónsules en visitas reglamentarias.

Estoy seguro de que si René consigue el permiso para viajar dos semanas a Cuba, cumplirá su compromiso y regresará a los Estados Unidos en el tiempo y la forma indicados. Lo sé porque conozco sus principios. Y también porque él está consciente de que su comportamiento influiría en el destino de sus hermanos que permanecen en prisión.

No quiero terminar este artículo sin contarles que estas impresiones se convirtieron en ideas, y luego esas ideas en palabras escritas, gracias a la confianza que me dio el propio héroe cubano René González al decirme anoche en una conversación telefónica que coincidía con esta perspectiva que yo le mostraba.

Tomado de http://lajovencuba.wordpress.com/

Alan Gross: ni tonto, ni inocente

(PL) Luego de meses en que el gobierno de Estados Unidos intentó silenciar las razones de Cuba para apresar al norteamericano Alan Gross por actos contra la independencia de la isla, y evitó reconocer su responsabilidad en el caso, la verdad se abre camino en la prensa mundial.

Cientos de medios de comunicación impresos y en formato digital, muchos de ellos en Estados Unidos, difundieron esta semana total o parcialmente el contenido de un extenso artículo de la agencia estadounidense AP, el cual pone en evidencia que Gross no es un “tonto inocente engañado”, como se autocalificó durante su enjuiciamiento.

El texto, titulado “USAID contractor work in Cuba detailed” (Trabajo del contratista de la USAID en detalles), del periodista Desmond Butler, fue replicado por más de un centenar de órganos de prensa, al igual que artículos de otros medios sobre el tema, según refleja un gráfico de impactos en el buscador Google.

La noticia de AP corrobora que Gross actuó en todo momento muy consciente de las ilegalidades en que incurría, dotado de tecnología que, según expertos, suele ser utilizada “por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y el Pentágono para evitar la detección electrónica de señales telefónicas”.

Reportes de los cinco viajes del agente a Cuba, a los que tuvo acceso la agencia norteamericana, indican que él sabía que sus actividades eran ilegales, y que temía las consecuencias, incluyendo la posible expulsión del país.

Incluso, uno de los documentos obtenidos por AP precisa que una de las personas que colaboró con Gross “dejó absolutamente claro que estamos jugando con fuego”.

En otra ocasión -precisa el artículo- Gross dijo que no cabía duda de que se trataba de un “asunto muy riesgoso”, y que “la detección de señales de satélite sería algo catastrófico”.

Alan Gross fue sentenciado a 15 años de cárcel en marzo de 2011 al quedar demostrado que introdujo en Cuba, de manera ilegal, medios de infocomunicaciones para crear redes internas como parte de un programa del gobierno de Estados Unidos dirigido a promover acciones desestabilizadoras y subvertir el orden constitucional en el país caribeño.

En agosto, el reo y su abogada impugnaron la sentencia del tribunal provincial que lo condenó, pero el Tribunal Supremo Popular desestimó la apelación.

No obstante, el gobierno cubano ha trasladado a la actual administración norteamericana la disposición a encontrar una solución humanitaria al caso de Gross sobre bases recíprocas.

Hasta ahora, la prensa estadounidense había presentado a Gross como un anciano inofensivo de 62 años, injustamente condenado en Cuba, que solo pretendía dotar a la comunidad judía de medios para conectarse a la Internet.

Cuba: Investigación de agencia AP ofrece nuevas pruebas de acciones ilegales de Alan Gross en Cuba

Alan P. Gross en Afganistán.

Pieza por pieza, en mochilas y maletines, el estadounidense Alan Gross se aseguró de introducir computadoras, teléfonos celulares, discos duros y equipos de telecomunicaciones en Cuba. El artículo más sensible, según los reportes oficiales de los viajes del contratista estadounidense, fue el último: un “chip” informático para teléfonos móviles que, según expertos, suele ser usado por la CIA y el Pentágono para evitar la detección electrónica de señales telefónicas.

El objetivo, según un análisis hecho por la AP de los reportes de Gross, era supuestamente darle a la pequeña comunidad judía de Cuba acceso irrestricto a la internet.

El operativo fue financiado por la Agencia de Desarrollo Internacional, conocida como USAID por sus siglas en inglés, la entidad del gobierno estadounidense fundada en 1961 para proveer asistencia económica, humanitaria y de desarrollo alrededor del mundo en apoyo a los objetivos de la política exterior estadounidense.

La compañía de Maryland que contrató a Alan Gross, Development Alternatives Inc., o DAI, ganó más de 2 700 millones en contratos con la USAID desde el año 2000 hasta el año 2009, según muestran las estadísticas oficiales del gobierno de los Estados Unidos.

Gross, sin embargo, se identificó como miembro de un grupo judío humanitario y no como un representante del gobierno de Washington, asegura el informe de la agencia de prensa.

El estadounidense fue sentenciado en marzo a 15 años de cárcel, por violar las leyes cubanas. Funcionarios norteamericanos insisten en que no hizo nada ilegal y que sólo llevaba a cabo las funciones regulares de USAID, destinas a subvertir al gobierno cubano..

Durante el juicio, Gross se declaró un “tonto inocente” que fue engañado. Pero los reportes de su viaje -recalca AP- indican que él sabía que sus actividades eran ilegales y que temía las consecuencias, incluyendo la posible expulsión del país.

Uno de los documentos afirma que uno de los líderes comunitarios “dejó absolutamente claro que estamos ‘jugando con fuego”’.

En otra ocasión Gross comentó: “No cabe duda, esto es un asunto muy riesgoso”.

Y, finalmente: “La detección de señales de satélite sería algo catastrófico”.

Según AP, el caso ha agravado las tensiones entre Estados Unidos y Cuba, que ya llevan cinco décadas, ha suscitado inquietudes en Washington sobre esos programas de asistencia para el desarrollo, y sobre si las actividades encubiertas deben ser territorio exclusivo de los agentes de inteligencia.

La empresa de Gross, JBDC Inc., que se especializa en establecer conexiones de internet en lugares remotos como Iraq y Afganistán, había sido contratada por Development Associates International Inc. (DAI) de Bethesda, Maryland, que había logrado un contrato multimillonario con USAID para crear una red ilegal, mediante “innovaciones tecnológicas como conexiones telefónicas, internet por satélite y telefonía celular”.

Funcionarios de USAID revisaron los reportes oficiales de los viajes de Gross y fueron enterados periódicamente sobre el proceso, dijo a AP el portavoz de DAI Steven O’Connor. Los reportes fueron suministrados a la agencia de prensa por una persona enterada del caso que pidió no ser identificada debido a la sensibilidad de la información.

Los reportes abarcan cuatro visitas en un período de cinco meses en 2009. Otro reporte, redactado por un representante de la empresa de Gross, cubría su quinto y último viaje, que culminó con su arresto el 3 de diciembre de 2009.

En su conjunto, los documentos revelan todos los esfuerzos de Gross para evadir la detección de las autoridades cubanas.

A fin de evitar los registros aeroportuarios, Gross reclutó la ayuda de otros judíos estadounidenses para poder traer los equipos electrónicos, pieza por pieza. Dio instrucciones a sus ayudantes para que metieran los equipos, algunos de los cuales están prohibidos en Cuba, en el equipaje de mano en vez del equipaje de carga.

En una oportunidad, viajó en automóvil siete horas para no tener que pasar por la seguridad del aeropuerto.

En su último viaje, trajo una “discreta” tarjeta SIM – tarjeta electrónica de identificación de subscriptor – diseñada para evitar que una transmisión por teléfono satelital sea detectada.

El tipo de tarjeta SIM que llevaba Gross no se vende en el mercado y se facilita sólo a gobiernos, según un funcionario de una compañía de telefonía satelital y un ex funcionario de inteligencia estadounidense que ha utilizado ese tipo de chip. Los funcionarios, que hablaron a condición de anonimato debido a la sensibilidad de la información, dijeron que los chips usualmente son suministrados al Departamento de Defensa y a la CIA, pero pueden también ser obtenidos por el Departamento de Estado, que supervisa a USAID.

Preguntado sobre cómo Gross obtuvo la tarjeta, el vocero de USAID Drew Bailey solamente dijo que la agencia no desempeñó rol alguno en ayudar a Gross a obtener sus equipos. “Somos una agencia de desarrollo, no una agencia de inteligencia”, dijo.

El abogado estadounidense de Gross, Peter J. Kahn, se negó a formular comentarios pero en el pasado ha dicho que las actividades de Gross de ninguna manera buscaban socavar al gobierno cubano.

Los críticos de este programa afirman que ello no sólo pone en peligro a contratistas como Gross sino a todos los trabajadores de asistencia de Estados Unidos, inclusive aquellos que no están involucrados en actividades secretas.

“Ocurre con demasiada frecuencia que la gente de USAID es percibida como agentes de inteligencia”, comentó Philip Giraldi, un ex oficial de la CIA. “Eso perjudica a USAID, perjudica a la CIA y perjudica a cualquier otra agencia de inteligencia que debe operar debajo del radar”.

Aun antes de entregar la tarjeta SIM, Gross reconoció en su reporte que el uso de teléfonos con conexión satelital de internet sería “problemático si se llegase a descubrir”. Estaba consciente de que las autoridades estaban usando sofisticados equipos de detección y relató haber visto a empleados de la empresa estatal cubana de telecomunicaciones realizando un registro el día anterior al que debía establecer una operación inalámbrica Wi-Fi.

Aunque el gobierno estadounidense delinea en términos generales los objetivos de sus programas de asistencia en documentos públicamente disponibles, los programas no podrían funcionar en Cuba de una manera que no sea secreta, pues allí son considerados ilegales. Por razones de seguridad, las agencias estadounidenses se han negado a suministrar detalles operativos, incluso a comités del Congreso que monitorean esos programas.

USAID rechaza la idea de que sus empleados realizan tareas clandestinas.

“Nada de los programas que USAID realiza en Cuba es clandestino o reservado en manera alguna”, dijo Mark Lopes, un viceadministrador de la agencia. “Simplemente llevamos a cabo nuestras actividades de una manera discreta a fin de resguardar la seguridad de todos los involucrados”.

La Ley de Seguridad Nacional de Estados Unidos define “encubierto” como toda actividad del gobierno destinada a influenciar las condiciones en otro país “de tal manera que la participación del Gobierno de los Estados Unidos no sea aparente o públicamente reconocida”.

La actividad de USAID para “la promoción de la democracia en Cuba” -eufemismo de subversión- fue estimulada por un fuerte aumento de la financiación bajo la administración Bush, y en una nueva estrategia que busca facilitarle tecnología de comunicaciones a cubanos que respondan a los intereses de Washington. El financiamiento estadounidense para programas relativos a Cuba aumentó de 3,5 millones de dólares en 2000 a 45 millones en el 2008.

Actualmente ascienden a 20 millones de dólares al año.

Gross recibió medio millón de dólares como subcontratista de USAID, según fuentes estadounidenses conocedoras del contrato y que pidieron permanecer en el anonimato porque no tenían autorización para hablar del caso.

El director de USAID, Raj Shah, dijo que el fomento de la “democracia” es “absolutamente central” para el trabajo de su agencia.

Funcionarios estadounidenses insisten en que el trabajo de Gross no era subversivo porque sólo buscaba dar acceso a la internet a la comunidad judía. Los líderes judíos dicen que no estaban al tanto de los vínculos de Gross con el gobierno estadounidense y que ya tenían acceso a la internet. USAID no ha aclarado por qué creía que la comunidad judía cubana necesitaba una tecnología tan sofisticada.

Preguntado sobre si tales programas tenían la intención de derrocar al gobierno cubano, Lopes dijo “para USAID, nuestros programas de fomento a la democracia en Cuba no son sobre cambiar un régimen en particular. Eso es decisión del pueblo cubano, y creemos que ellos merecen tener esa opción”.

Otros discrepan.

“Por supuesto, esto es una actividad encubierta”, dijo Robert Pastor, asesor de asuntos latinoamericanos durante el gobierno de Jimmy Carter y actualmente director de Centro para la Democracia y Elecciones de la American University en Washington. “Se trata de buscar un cambio de régimen”.

Oriundo de Potomac, Maryland, Gross era un hombre sociable de 62 años, unos dos metros (seis pies) de alto y de 113 kilos (250 libras). Era inconfundible. Había comprado un programa Rosetta Stone de aprendizaje de idiomas para mejorar su español y poseía escasos conocimientos sobre Cuba. Pero sabía mucho sobre tecnología. Su empresa se especializaba en instalar equipos de comunicación en lugares remotos del mundo.

El primer viaje de Gross para DAI, que concluyó en abril del 2009, se centró en introducir equipos en la isla y establecer el primero de tres centros con acceso irrestricto a la internet para la diminuta comunidad judía de Cuba, que suma unas 1.500 personas.

Para introducir los equipos, Gross recurrió a grupos humanitarios norteamericanos que cumplían misiones en la isla. Viajó con esos grupos y le pidió a distintos individuos que llevaran las piezas, según los reportes de viajes.

Tres personas conocedoras de las tareas de Gross dicen que él le dijo a sus contactos en Cuba que estaba ahí representando a una organización judía, no al gobierno estadounidense. USAID dice que ahora le pide a la gente que realiza sus misiones que revele su financiamiento por parte del gobierno estadounidense a la gente que recibe la ayuda, si le preguntan.

Uno de los reportes de Gross parece indicar que él se presentó como miembro de uno de esos grupos y que viajó con ellos de tal manera que pueda interceder con las autoridades cubanas si surgían suspicacias.

Sus ayudantes debían llevar artefactos separados en su equipaje de mano. De esa manera, escribió Gross, cualquier pregunta podría ser respondida en el proceso de rayos X en el puesto de seguridad, y no en la casilla de aduanas. El material era luego entregado a Gross en su hotel en La Habana, según los reportes de viajes.

Desde hace tiempo USAID ha pedido de los visitantes a Cuba que introduzcan material prohibido en la isla, dijeron funcionarios estadounidenses enterados del programa. Y funcionarios de USAID han admitido en interpelaciones legislativas que han empleado a contratistas para llevar programas computacionales que permitan enviar material codificado por internet, según participantes de las reuniones.

Una alarma sonó en uno de los viajes de Gross cuando uno de sus acompañantes intentó salir del terminal aéreo; el acompañante había colocado el artículo – un artefacto que puede extender el rango de una red inalámbrica – en su equipaje de carga.

Gross intervino, asegurando que el artefacto era para su uso personal y que no era un disco duro de computadora ni un radio.

Según los reportes de viajes, los agentes de aduana intentaron cobrar 100% del valor del objeto como arancel, pero Gross logró regatear un poco y se le permitió salir del aeropuerto con el equipo.

“Ese día, más valió ser afortunado que inteligente”, escribió Gross.

Gran parte del equipo que Gross traía es legal en Cuba, pero el volumen de la carga podría darle a las autoridades cubanas una pista de cuál era la intención del estadounidense.

En la lista de su cuarto viaje, bajo “Equipo total”, dice que había 12 iPods, 11 teléfonos BlackBerry Curve, tres MacBooks, seis discos externos de 500 gigabytes, tres teléfonos satélites vía internet conocidos como BGANs, tres enrutadores, tres controles, 18 módulos inalámbricos, 13 barras de memoria, tres teléfonos para hacer llamadas por internet y varios interruptores.

Algunas piezas, como los equipos para redes y para comunicaciones satelitales, están expresamente prohibidos en Cuba.

Gross escribió que metió los BGANs en una mochila. Había aspirado a engañar a los agentes de aduana colocando cinta adhesiva encima de las marcas de los equipos: “Hughes”, el fabricante e “Inmarsat”, la empresa que provee el servicio de comunicación satelital vía internet.

Los BGANs eran cruciales porque no solamente facilitan acceso a la internet por satélite sino además una señal que puede servir a varios usuarios de manera inalámbrica. La ventaja de ello es que la comunicación va directamente al satélite, sin pasar por los servidores de la empresa de telecomunicaciones cubanas.

Siempre había la posibilidad de ser descubierto.

El año pasado, el Comité de Relaciones Exteriores del Senado preguntó sobre la posibilidad de que misiones clandestinas estén siendo usadas en algunos de los programas humanitarios estadounidenses, y de que las autoridades cubanas hayan infiltrado algunos de ellos.

“La posible infiltración por parte de los servicios de contraespionaje es un riesgo conocido en Cuba”, dijo el Departamento de Estado en una respuesta por escrito a preguntas de la AP.

“Quienes desempeñan nuestras labores están conscientes de ese riesgo”.

El primer viaje de Gross a Cuba culminó a comienzos de abril de 2009 con el establecimiento de un centro de comunicaciones en La Habana.

Regresó poco tiempo después, se quedó unos 10 días mientras se establecía otro centro en Santiago, la segunda ciudad más grande de Cuba.

En su tercer viaje, de dos semanas y ocurrido en junio de 2009, Gross viajó a una ciudad en el centro de la isla, Camagüey, según un funcionario del gobierno estadounidense. Alquiló un automóvil en La Habana y manejó por siete horas, en lugar de tener que someterse a revisiones en el aeropuerto.

Gross escribió que los BGANs no debían ser usados fuera de La Habana, donde existen suficientes radios y ondas radiales como para ocultar las emisiones.

El reporte para el cuarto viaje de Gross, que concluyó ese agosto, fue catalogado como el final y resumía sus éxitos: el establecimiento de redes inalámbricas en tres comunidades; unos 325 usuarios; “las comunicaciones desde y hacia Estados Unidos han mejorado y se están usando de una manera regular”. Nuevamente se llega a la conclusión de que “es una misión sumamente riesgosa”.

A Gross no le hubiera ocurrido nada si hubiese parado allí.

Pero a fines de noviembre de 2009, regresó a Cuba por quinta vez. Esta vez no volvió. Fue arrestado 11 días después.

Un reporte adicional fue redactado posteriormente, con membrete de la empresa de Gross. Fue preparado con la asistencia de DAI, la empresa que mandó a Gross a Cuba, con el objetivo de cumplir con el requisito contractual de suministrar un resumen de su trabajo, a fin de cancelar todas las facturas relevantes, de acuerdo con funcionarios conocedores del documento.

El reporte afirma que Gross deseaba mejorar la seguridad en el centro de comunicaciones instalado en La Habana mediante la instalación de “una tarjeta sin alternativa” en el equipo satelital.

La tarjeta permitiría que la señal del BGAN pasara desapercibida al transmitirse al satélite, dificultando la detección del artefacto.

El documento concluye que la seguridad en el lugar fue afianzada.

No queda claro cómo DAI logró confirmar el trabajo de Gross para el reporte final aunque un documento, que también presenta el membrete de la compañía de Gross, establece que un representante de Gross contactó a la comunidad judía cubana cinco veces después de su arresto.

En una declaración durante su juicio, Gross se declaró inocente y ofreció disculpas.

“Nunca he hecho algo, ni lo haría ni lo haré, en lo personal o en lo profesional, para socavar a un gobierno”, dijo. “Me arrepiento profundamente por ser un tonto inocente, fui engañado, me usaron”.

En una entrevista con la AP, su esposa, Judy, culpó a DAI, la empresa que envió a Gross a Cuba, por no decirle a él toda la verdad sobre los riesgos. El vocero de DAI O’Connor dijo en una declaración que Gross “diseñó, propuso e implementó esta tarea” para la compañía.

( Tomado de cubadebate.cu)

Vista de recurso de casación presentado por Alan Gross tendrá lugar el 22 de julio

La Sala de los Delitos contra la Seguridad del Estado del Tribunal Supremo Popular fijó para el próximo 22 de julio la celebración de la vista del recurso de casación interpuesto por el ciudadano norteamericano Alan Philip Gross, sancionado a 15 años de privación de libertad por el delito de “Actos contra la Independencia o la Integridad Territorial del Estado”.

El acusado y su abogada fueron impuestos de la decisión en la mañana de este jueves, al igual que las autoridades estadounidenses a través del Departamento de Estado en Washington y la Sección de Intereses de EEUU en La Habana.

#Cuba: Sancionado el estadounidense Alan Gross a 15 años de privación de libertad

La Sala de los Delitos contra la Seguridad del Estado del Tribunal Provincial Popular de La Habana impuso este viernes una sanción de 15 años de privación de libertad al estadounidense Alan Phillip Gross, por el delito de Actos contra la Independencia o la Integridad Territorial del Estado.

Para tomar esa decisión el Tribunal tuvo en cuenta las numerosas pruebas testificales, periciales y documentales practicadas en el juicio oral, en especial las presentadas por la fiscalía, que demostraron la participación directa del contratista norteamericano en un proyecto subversivo del Gobierno de Estados Unidos para tratar de destruir la Revolución, mediante el empleo de sistemas de infocomunicaciones fuera del control de las autoridades para promover planes desestabilizadores contra diversos sectores sociales.

Durante la vista del juicio oral, el acusado reconoció haber sido utilizado y manipulado por la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID) de los Estados Unidos, subordinada al Departamento de Estado y que financia a la empresa contratista DAI, en nombre de la cual Gross vino a Cuba.

Contra la sanción impuesta, Alan Phillip Gross podrá interponer en su momento recurso de casación ante la Sala de los Delitos contra la Seguridad del Estado del Tribunal Supremo Popular.

#Cuba: 15 años para Alan Gross (Fotocopia de la nota)

Tomado del Blog de : Yohandry

#Cuba: Nota sobre el Caso Alan Phillip Gross

Al concluir en la tarde de este sábado el juicio contra el ciudadano estadounidense Alan Phillip Gross, acusado del delito de «Actos contra la Independencia o la Integridad Territorial del Estado», el Tribunal Provincial Popular declaró el caso concluso para sentencia y se espera que su fallo sea pronunciado en los próximos días.

Durante la vista del juicio oral la Fiscalía aportó elementos de prueba sobre la participación directa del acusado en la introducción y desarrollo en el país de un proyecto subversivo para intentar derrocar la Revolución, que tenía como blancos esenciales el sector juvenil, centros universitarios, culturales, religiosos, grupos femeninos y raciales. En la materialización de sus propósitos anticubanos pretendía emplear sofisticadas tecnologías para crear redes clandestinas de infocomunicaciones o fuera del control de las autoridades cubanas para alimentar provocaciones contrarrevolucionarias.

Gross reconoció que fue utilizado y engañado por la DAI (Development Alternative Inc.), empresa contratista de la agencia gubernamental norteamericana USAID, subordinada al Departamento de Estado, que se encarga de programas de desestabilización política contra gobiernos que no son del agrado de la Casa Blanca en América Latina y muchas otras partes del mundo.

Acusó a la DAI de haberlo puesto en peligro y conducirlo a su situación actual; de arruinar la vida y la economía de su familia.

Durante el juicio, el acusado hizo una declaración libre y respondió preguntas del fiscal, de la defensa y el tribunal sobre los hechos que se le imputaron. Se tuvo en cuenta además las declaraciones de diez testigos, nueve peritos con 26 informes periciales, el informe del instructor, abundantes pruebas materiales y documentales presentadas por la Fiscalía.

Entre otros asistentes estuvieron presentes en la vista oral la esposa del señor Gross, abogados norteamericanos y representantes consulares de la Sección de Intereses de los Estados Unidos en La Habana.

#Cuba: ¿Por qué abandona #EE.UU. a su “contratista” Alan Gross?

El 20 de enero de 2011 el periódico israelí The Jerusalen Post publicaba que la organización judía J Street estaba reclamando a la presidenta del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes de EE.UU., Ileana Ros-Lehtinen, que devolviera miles de dólares entregados a su campaña por Irving Moskowitz, un empresario del Sur de la Florida. Moskowitz es el mayor contribuyente financiero de la congresista, un despacho de la agencia de prensa IPS lo señala como “uno de los principales financiadores de los asentamientos más militantes en la Ribera Occidental del Jordán y Jerusalén oriental”, y J Street es una asociación de cabildeo que pretende contrarrestar la influencia del poderoso lobby judío, asociado al American Israel Public Affairs Comitee (AIPAC). Pero esa no ha sido la única vez que han aflorado los vínculos de Ros-Lehtinen con esos sectores; The New York Times denunció en diciembre de 2009 un viaje de la congresista cubanoamericana, con alojamiento gratis en Israel, donde “se hospedó en el histórico Hotel King David en Jerusalén, y asistió a una fiesta de gala junto al Muro de las lamentaciones como parte de una conferencia de una semana en que los cabilderos y ejecutivos pagaron hasta 18 500 dólares”.

Con tanta vocación por los hijos de Israel, una posición tan influyente, y con alguna ascendencia judía –sus abuelos maternos eran judíos que se afincaron en Cuba procedentes de Turquía- era de esperar que Ileana Ros-Lehtinen tuviera un poco de sensibilidad por la causa del también judío Alan Gross, el “contratista” norteamericano que el 4 de marzo comenzará a ser juzgado en La Habana con una solicitud de la fiscalía de 20 años de prisión. Sin embargo, luego de conocerse la fecha del juicio, la congresista optó por enviar un estridente mensaje en que advierte al gobierno norteamericano que “no puede negociar con dictadores despiadados”, en alusión a cualquier acuerdo con las autoridades cubanas que implique la liberación de Gross, lo que equivale a abandonar al reo y prácticamente condenarlo a morir en prisión, pues tiene 61 años de edad.

Alan Gross llegó a Cuba como parte de un programa de la USAID para suministrar tecnología de telecomunicaciones a grupos financiados por esa misma entidad, con el objetivo de subvertir el orden constitucional cubano. Gross trabajaba para DAI, una compañía subcontratada por la USAID y, como ha dicho el intelectual norteamericano Saúl Landau, “Cuba lo atrapó con las manos en la masa”. Pero desde la detención de Gross se ha intentado deslizar una cortina de humo sobre los verdaderos motivos de su accionar, alegando que pretendía distribuir computadoras y equipos electrónicos a integrantes de la comunidad judía en la Isla, lo que ha sido negado por miembros de dicha congregación, incluyendo su presidenta, Adela Dworin.

Ante lo sucedido con Gross, el gobierno norteamericano inicialmente congeló los fondos destinados a este programa pero bajo presiones procedentes de Miami fueron nuevamente puestos en uso, y han sido utilizados para los mismos fines previstos inicialmente. Mientras Estados Unidos ha recortado otros programas hacia el exterior, mantiene intactos los 20 millones de dólares anuales para la subversión contra Cuba, que incluso se prevén con el mismo monto en el presupuesto federal solicitado para el 2012, además de otros fondos contenidos en los más de 25 millones anunciados recientemente por la Secretaria de Estado, Hillary Clinton, para apoyar el uso de Internet por “tecnólogos y activistas” en países que no son del agrado de Washington.

Estados Unidos obstaculiza el acceso de los cubanos a Internet, y por encima de esas restricciones se ocupa de facilitárselo a quienes trabajan para sus objetivos en la Isla, pretendiendo crear una ciberélite con alta tecnología que actúe como su “vocero” desde el interior de Cuba y fabrique los contendidos que la maquinaria mediática se ocupa de amplificar. Parece ser que en esa estrategia Alan Gross es considerado por la administración Obama -más interesada en no molestar a la mafia de Miami que en solucionar la situación en que se encuentra un ciudadano norteamericano- un “daño colateral”. A juzgar por este comportamiento, no es descartable que, lejos de poner fin a tan peligrosa práctica, en su obediencia a los dictados de Ileana Ross-Lehtinen, el gobierno de EE.UU. lance al basurero más dinero de los contribuyentes norteamericanos y arriesgue a nuevos Alan Gross para luego desentenderse de su destino, no menos manifiesto que el que algunos se atribuyeron en el país que los enviará a un seguro fracaso.

#Cuba: Alan Gross, el “contratista” de la USAID arrestado en Cuba

El Tribunal Provincial Popular de La Habana señaló como fecha del juicio  contra el ciudadano norteamericano Alan Phillip Gross el próximo 4 de marzo, se anunció en la capital cubana.

Alan Gross en Afganistan

Después de un exhaustivo proceso de investigación, la Fiscalía había presentado el expediente de fase preparatoria No 59/2009, en el cual se acusa al ciudadano estadounidense Alan Phillip Gross del delito de “Actos Contra la Independencia o la Integridad Territorial del Estado”. De acuerdo con el Artículo 91 del Código Penal de Cuba, la Fiscalía solicita una sanción de 20 años de privación de libertad.

Empleado de la firma norteamericana Development Alternatives Incorporated (DAI), contratada por la USAID,  Alan Gross, fue detenido en Cuba, el 5 de diciembre de 2009, mientras repartía teléfonos satelitales  y otros equipos sofisticados  de comunicación de última generación  a elementos de la contrarrevolución. Pocos días después de su detención, el presidente de Cuba, Raúl Castro, declaró, “El enemigo está tan activo como siempre, muestra de ello es la detención en días pasados de un ciudadano norteamericano, eufemísticamente denominado en declaraciones de los voceros del Departamento de Estado como ‘contratista’ de su gobierno”.

En el caso de Cuba, la USAID se jacta abiertamente de manejar operaciones desestabilizadoras utilizando “contratistas” norteamericanos y de otras nacionalidades para introducir tecnologías propias a actividades de inteligencia.

La USAID, en varias oportunidades, reconoció haber orientado y financiado operaciones de grosera injerencia, de haber distribuido, entre otras cosas, 385.000 libras de medicinas, ropas y comida; unos 26.000 radios de onda corta; millones de libros subversivos; además de proveer “cursos de formación en periodismo” y publicar 23.000 “reportes” de estos agentes sin hablar de visitas pagadas a 200 reclutas para ayudar al desarrollo de “ONGs independientes”.

Los escándalos denunciados por la propia auditoria norteamericana en relación con las extravagancias de administradores de fondos “humanitarios” de la USAID para Cuba se han acumulado en los últimos años sin hablar del caso del ex jefe del Plan Bush de anexión Caleb McCarry, quién subsidió con 6,5 millones de dólares del dinero de la USAID otra firma contratista, Creative Associates International, que dos meses después de abandonar su puesto de funcionario,   a su turno lo “contrató”.

Por cierto, con un pasado cargado de sombríos episodios – desde Vietnam hasta la cobertura que dio al instructor en tortura Dan Mitrione y al terrorista cubano americano Antonio Veciana – el lobo de la USAID no llega a esconderse bajo la piel de oveja que le entrego la CIA.

En distintas partes del mundo donde su presencia se orienta de acuerdo con los planes injerencistas del Departamento de Estado, el apetito de las 16 agencias norteamericanas de inteligencia,   y “complementa” agresiones, la USAID y sus contratistas, como parte integral de la Doctrina de Seguridad Nacional de Estados Unidos, siempre enfrentarán más dificultad en repartir “zanahorias” humanitarias que no engañan a nadie.

Hace unos meses, Hosiy Sahibzada, una joven empleada afgana de la firma norteamericana Development Alternatives Incorporated (DAI), ha sido asesinada en Kandahar, Afganistán, frente a las oficinas de esta firma, este 12 de abril último. Se trataba de la última víctima de ataques contra firmas contratistas de la USAID cuyo papel de apoyo a las fuerzas de ocupación extranjeras en este país es asimilado a la inteligencia norteamericana.

Define #Cuba fecha de juicio contra Alan Gross

Según se conoció, todas las pruebas presentadas por la defensa en su escrito de conclusiones provisionales fueron admitidas por el Tribunal y  actuando en correspondencia con lo que establecen los procedimientos legales, el Tribunal Provincial Popular de La Habana señaló como fecha del juicio  contra el ciudadano norteamericano Alan Phillip Gross el próximo 4 de marzo.
Como se informó recientemente, después de un exhaustivo proceso de investigación, la Fiscalía había presentado el expediente de fase preparatoria No 59/2009, en el cual se acusa al ciudadano estadounidense Alan Phillip Gross del delito de “Actos Contra la Independencia o la Integridad Territorial del Estado”. De acuerdo con el Artículo 91 del Código Penal de Cuba, la Fiscalía solicita una sanción de 20 años de privación de libertad.
Esta información fue trasladada por vía diplomática al Gobierno de los Estados Unidos, al que también se le notificó que sus representantes consulares, los familiares del señor Gross, así como los abogados de su familia podrán participar en el juicio.

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