Cubanos se han visto imposibilitados de asistir a eventos culturales, deportivos, científicos y académicos en EE.UU.

Cuba Estados Unidos

Agradezco otra vez al Centro de Investigaciones de Política Internacional (CIPI), a su Equipo de EE.UU. y a la Dra. Soraya Castro Mariño, por la organización de este magnífico evento anual sobre las relaciones Cuba-EE.UU., el más importante que se realiza en nuestro país acerca de este tema, y por la invitación que me extendieron para clausurarlo, lo cual me honra hacer ante tan selecta audiencia de los más destacados expertos estadounidenses y cubanos en la materia.

Durante las cuatro semanas que siguieron a la realización de este mismo Taller, en diciembre de 2016, nos vimos envueltos en un intenso trabajo con el anterior Gobierno de EE.UU., que nos permitió suscribir, tan solo en ese breve período, 10 nuevos acuerdos en áreas de interés común, algunos de particular relevancia para las relaciones bilaterales, como la Declaración Conjunta sobre temas migratorios y el Memorando de Entendimiento para la cooperación en materia de aplicación y cumplimiento de la ley.

Como cuando nos reunimos aquí el año pasado no había concluido el gobierno del presidente Obama, me permito ahora hacer un resumen sintético de los resultados alcanzados en las relaciones bilaterales en los dos últimos años de su mandato:

•    Se solucionaron importantes asuntos para Cuba: la liberación y el regreso de tres de los Cinco cubanos encarcelados; la exclusión de la lista de Estados patrocinadores del terrorismo; la eliminación de la política de pies secos-pies mojados y del Programa de Parole para Profesionales Médicos Cubanos, y la renovación del registro de la marca de ron Havana Club en EE.UU., entre otros.

•    Hubo avances importantes en la esfera diplomática: el restablecimiento de las relaciones diplomáticas y la reapertura de las embajadas; 3 encuentros entre los presidentes de los dos países; 25 visitas de alto nivel en ambas direcciones; y la creación de la Comisión Bilateral Cuba-EE.UU.

•    Se registraron progresos significativos en la esfera de la cooperación: 22 instrumentos bilaterales suscritos, 54 encuentros técnicos y acciones de cooperación en temas de interés mutuo; y 25 reuniones en el marco de diversos diálogos sobre asuntos bilaterales y multilaterales.

•    Crecieron exponencialmente los viajes de los estadounidenses a Cuba (76% en 2015 y 74% en 2016), así como los intercambios entre ambos países (más de 1200 acciones en 2016) y se concretaron los primeros acuerdos económico-comerciales en más de 50 años.

Quedaron cuestiones muy importantes para Cuba pendientes de solución, algunas de las cuales estaban en manos del Ejecutivo, como el desmantelamiento de una buena parte del bloqueo mediante un uso más amplio de las prerrogativas del Presidente y la suspensión de los programas de cambio de régimen; mientras que otras dependen de decisiones del Congreso, como el levantamiento total del bloqueo, la eliminación de las transmisiones radiales y televisivas, el fin del financiamiento a los proyectos subversivos y la devolución del territorio ocupado por la Base Naval de EE.UU. en Guantánamo.

En esos dos años quedó demostrado que Cuba y EE.UU. pueden intentar construir una relación de nuevo tipo, basada en el respeto y la igualdad, que a la vez que reconozca las diferencias existentes, no haga de ellas el centro de nuestros vínculos, sino que estos descansen esencialmente en los beneficios que puedan reportar a los dos países y pueblos.

Durante el presente año, se ha consumado un retroceso significativo en las relaciones entre Cuba y EE.UU., con respecto al nivel en que estas se encontraban en el mes de enero de 2017, y se ha deteriorado el clima bilateral en su conjunto, como resultado de las decisiones adoptadas por el gobierno del presidente Donald Trump.

Los primeros indicios de este retroceso se pusieron de manifiesto en la recta final de la campaña a las elecciones presidenciales de 2016, cuando el entonces candidato republicano, que anteriormente había apoyado el acercamiento a Cuba, amenazó con revertir totalmente la política de Obama.

Este proceso se puso en marcha poco después de asumir la presidencia, cuando el mandatario estadounidense ordenó, el 3 de febrero de 2017, una revisión de la política de EE.UU. hacia Cuba y, entretanto, la paralización de la inmensa mayoría de los intercambios oficiales y de los mecanismos de cooperación bilateral establecidos. Como resultado, varios encuentros técnicos inicialmente previstos en el área de aplicación de la ley (enfrentamiento al narcotráfico y al terrorismo, y asistencia judicial en materia penal) fueron cancelados y solo se mantuvieron los intercambios referidos a la migración, la seguridad de la aviación, y búsqueda y salvamento. Un poco antes, durante el período de transición del gobierno, la parte estadounidense había declinado la propuesta de Cuba de sostener en La Habana las reuniones planificadas de dos de los grupos de trabajo del Diálogo Económico (propiedad intelectual, y comercio, inversiones y cooperación económica).
El retroceso tuvo su primera expresión formal en el “Memorando Presidencial de Seguridad Nacional sobre el Fortalecimiento de la Política de los Estados Unidos hacia Cuba”, firmado y dado a conocer por el presidente Trump el 16 de junio de 2017, en Miami. Mediante este documento, que derogó la directiva de Obama del 14 de octubre de 2016, titulada “Normalización de las Relaciones entre los Estados Unidos y Cuba”, quedó claramente evidenciado que la política del gobierno de EE.UU. en lo adelante no sería normalizar los vínculos bilaterales, sino retornar a la vieja política fracasada de recrudecimiento del bloqueo y la subversión contra Cuba.

El estado de las relaciones bilaterales se agravó sensiblemente, a partir de las decisiones adoptadas en septiembre y octubre por el Gobierno de EE.UU., de reducir de forma sustancial el personal de su Embajada en La Habana y de expulsar, de manera unilateral, infundada y arbitraria, a 17 funcionarios de la Embajada de Cuba en Washington, con el pretexto de los alegados incidentes que habrían afectado la salud de algunos de sus diplomáticos y familiares, y de que el gobierno cubano no había adoptado todas las medidas adecuadas para garantizar su protección y seguridad.

Pero esto no fue suficiente y el Gobierno de EE.UU. escaló en su reacción: emitió una advertencia a los viajeros para disuadirlos de visitar Cuba y publicó un aviso sobre restricción de alojamiento en algunos hoteles de La Habana. Previamente, había suspendido todos los viajes de delegaciones oficiales y de funcionarios gubernamentales a Cuba.

Estas medidas son injustificadas y políticamente motivadas, pues no se basan en evidencias ni en resultados investigativos concluyentes.

Reitero hoy que el gobierno cubano no tiene responsabilidad alguna en los incidentes reportados. Cuba, que ha sido víctima en el pasado de atentados contra miembros de su personal diplomático, que fueron asesinados, desaparecidos, secuestrados o agredidos en el ejercicio de sus funciones, cumple con todo rigor sus obligaciones, muestra un historial impecable en la protección de los agentes diplomáticos y jamás permitiría la realización de acciones contra su integridad física y moral.

La investigación que llevan a cabo las autoridades cubanas, que hasta ahora han recibido una cooperación muy limitada y poco efectiva de EE.UU., ha arrojado que no existe evidencia alguna sobre la ocurrencia de los alegados incidentes, ni de las causas de las afecciones de salud notificadas, ni de que estas hayan sido causadas por un ataque de cualquier naturaleza. Vale señalar que las agencias especializadas estadounidenses tampoco tienen pruebas que permitan confirmar la ocurrencia de “ataques”, ni hipótesis sobre el origen de los problemas de salud de sus diplomáticos.

Las decisiones del Gobierno de EE.UU. han repercutido negativamente en el funcionamiento de la Embajada de Cuba en Washington, en particular del Consulado, y han causado serias afectaciones en nuestros servicios a los cubanos residentes en EE.UU. que desean visitar a sus familiares en Cuba y a los ciudadanos estadounidenses interesados en viajar a nuestro país. También, al desmantelar la Oficina Económico-Comercial, han dejado sin interlocutor al empresariado de EE.UU. que mantiene interés en explorar e identificar oportunidades de negocios.

A su vez, la reducción drástica del personal diplomático estadounidense y la suspensión del otorgamiento de visas en el Consulado, hecho sin precedentes desde la apertura de una oficina en La Habana en 1977, ha paralizado los trámites de los ciudadanos cubanos para emigrar o visitar EE.UU., los cuales han sido transferidos a terceros países, haciéndolos totalmente inviables.

Estas medidas han tenido también un impacto negativo en la cooperación bilateral en temas de interés mutuo, los intercambios y los viajes entre los dos países, los vínculos familiares y las relaciones migratorias.

Los primeros efectos adversos ya se hacen sentir: no se autorizaron por el Departamento de Estado los viajes de funcionarios del Servicio Geológico de EE.UU. y del Centro de Control de las Enfermedades para participar en eventos científicos y de expertos en Cuba; se postergó un encuentro técnico sobre agricultura acordado inicialmente para septiembre; se ha paralizado la cooperación en materia de salud; no se han concretado las acciones de cooperación sobre medioambiente, con excepción de algunas expediciones científicas; y se pospusieron y reprogramaron para Washington las reuniones originalmente previstas en La Habana, de la Comisión Bilateral, la ronda migratoria y varios grupos de trabajo del Diálogo de Aplicación y Cumplimiento de la Ley.

Muchos cubanos se han visto imposibilitados de asistir a eventos culturales, deportivos, científicos y académicos en EE.UU., al no poder recibir sus visas en La Habana, y se han cancelado las visitas de decenas de grupos estadounidenses, incluyendo de estudiantes universitarios.

En cifras globales, por los efectos acumulativos de los primeros meses del año, los viajes de EE.UU. a Cuba aún muestran un incremento significativo entre enero y noviembre de 2017, en comparación con igual período de 2016 (579 288 viajes de estadounidenses para el 248,7% de crecimiento; y 386 388 viajes de cubanos residentes en EE.UU. para el 140% de crecimiento; en total, en los once primeros meses de 2017, hemos recibido a 965 676 visitantes de EE.UU., para un 189,7% de crecimiento). Sin embargo, en las últimas semanas se aprecia una disminución notable del ritmo de crecimiento, por el impacto combinado de la insólita advertencia del Departamento de Estado y las medidas del gobierno contra los viajes.

En este contexto, entraron en vigor el 9 de noviembre, las regulaciones para implementar las medidas anunciadas por el presidente Trump en junio, que endurecen el bloqueo, generan confusión en cuanto a lo que es permitido o no y tienen, por ende, un efecto intimidatorio y disuasivo. Estas no han hecho más que confirmar el serio retroceso que ha tenido lugar en los vínculos entre ambos países.

La emisión de una lista arbitraria de “entidades cubanas restringidas”, supuestamente vinculadas, de manera infundada, al sector de defensa y seguridad nacional, con las que en lo adelante quedan prohibidas las transacciones de EE.UU., y de prohibir los viajes individuales de los estadounidenses en la categoría de intercambios “pueblo a pueblo”, no solo dañan a la economía cubana y a sus sectores estatal y privado, sino también a los ciudadanos estadounidenses, cuyo derecho a viajar a Cuba se restringe aún más, y a sus empresarios, que se ven privados de interesantes oportunidades de negocios frente a su competencia.

Todos estos pasos han sido acompañados de reiterados pronunciamientos irrespetuosos y ofensivos hacia Cuba del presidente Trump y otros altos funcionarios de su gobierno, que retoman la retórica hostil de los períodos de mayor confrontación, añadiendo un componente negativo adicional que enrarece el clima bilateral.

Si el retroceso en las relaciones no ha sido mayor, como se ha dicho era el deseo de elementos de extrema derecha de origen cubano y algunos aliados dentro del gobierno, se ha debido a la fuerte oposición de miembros del Congreso de ambos partidos y de numerosos sectores, incluyendo empresarios, académicos, militares retirados, entidades científicas y educacionales, agencias de viajes, organizaciones diversas, cubanos residentes e, incluso, agencias gubernamentales, que durante dos años constataron y recibieron los beneficios de una relación diferente con Cuba.

Según se ha publicado, esto fue lo que hizo posible que la directiva de política anunciada por el presidente Trump, preservara en su texto la cooperación con Cuba en temas de interés mutuo y mantuviera sin cambios otras de las regulaciones promulgadas en época del presidente Obama para modificar la aplicación de algunos aspectos del bloqueo.

En esta compleja coyuntura, el gobierno cubano ha reiterado varias veces su voluntad de continuar el diálogo respetuoso y la cooperación en temas de interés mutuo, así como la negociación de los asuntos bilaterales pendientes con el Gobierno de EE.UU., sin imposiciones ni condicionamientos.

Pero, ello no ha quedado en el plano declarativo, sino que en correspondencia con esta posición, Cuba ha dado pasos concretos para mantener una relación civilizada y mutuamente beneficiosa con EE.UU.

Entre otras acciones, en los últimos meses, hemos presentado al Departamento de Estado 7 planes para la implementación de los memorandos de entendimiento suscritos sobre cooperación en materia de hidrografía y geodesia, áreas terrestres protegidas, sismología, meteorología, control del cáncer, sanidad animal y vegetal, y hermanamientos de parques nacionales.

Hemos reiterado las propuestas de bases para la cooperación bilateral en el enfrentamiento a la trata de personas, el terrorismo, el tráfico de personas y el fraude migratorio, y el lavado de activos, así como ayudas a la navegación y mapificación topográfica.

Estamos a la espera de las respuestas de las autoridades estadounidenses.

Al mismo tiempo, en medio de los retos que nos impone el marco restrictivo de las regulaciones y las leyes del bloqueo, que es el obstáculo principal para las relaciones económicas, comerciales y financieras entre los dos países, el interés y la persistencia de empresas cubanas y estadounidenses han hecho posible concretar algunos nuevos negocios en sectores de prioridad, como el transporte, equipos para infraestructura y agricultura, y el turismo. A su vez, se avanza en las negociaciones de nuevos acuerdos en otros importantes sectores como la salud, la energía y la biotecnología.
Pero, no basta con la voluntad de una de las partes.

En diciembre del año pasado, al clausurar este mismo Taller, me referí a la entonces posibilidad de que se revirtiera parte o todo el proceso iniciado hacia la mejoría de las relaciones y afirmé: “El futuro Gobierno de EE.UU. tiene la palabra. Veremos si triunfa el sentido común o si prevalecen los viejos hábitos que por tantos años no nos llevaron a ninguna parte”.

En lo que nos compete, seguiremos trabajando con todas las personas de buena voluntad en EE.UU., conscientes de que existe un consenso generalizado en las sociedades cubana y estadounidense a favor de mejores relaciones entre nuestros dos países y pueblos.

Muchas gracias.

(Tomado de http://www.minrex.gob.cu/)

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¿Controlan realmente los militares cubanos el 60% de la economía?

Panfilo

William M. LeoGrande
The Huffington Post

Anatomía de un hecho falso

La decisión del presidente Donald Trump de prohibir las transacciones estadounidenses con empresas cubanas controladas por los militares ha puesto de relieve el papel de las fuerzas armadas en la economía cubana. Ese papel es extenso, alcanzando a varios sectores diferentes, y ha crecido en los últimos años junto con la industria turística de Cuba, donde las empresas controladas por militares están concentradas.
Estas empresas son administradas por el holding Grupo de Administración Empresarial S.A., GAESA, dependiente del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR).

El súbito repunte del interés mediático ha generado una repetición generalizada del “hecho” espurio de que el ejército cubano controla el 60% de la economía. “GAESA es el brazo empresarial de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Cubanas y controla el 60 por ciento de la economía de la isla”, reportó The Miami Herald poco después del discurso de Trump y repitió varias veces a partir de entonces. The Economist, Politico, The Guardian, The Times de Londres, Business Insider y otros lo repitieron.

Incluso una revisión superficial de la composición del Producto Interno Bruto de Cuba demuestra que este “hecho” es absurdo. Los sectores en los que el ejército tiene poca o ninguna participación fácilmente comprenden más de la mitad del PIB, y en los otros sectores hay empresas civiles, así como otras controladas por militares (Anuario Estadístico 2015).

Entonces, ¿qué porción de la economía realmente controlan las empresas militares y de dónde provino la aseveración del 60%?

Por lo general, el gobierno cubano no informa de los ingresos de las empresas individuales, pero tenemos unos pocos datos de las compañías más grandes del holding de las cuales podemos hacer proyecciones razonables.

Los ingresos totales de las empresas gestionadas por los militares se reportaron como de $970 millones de dólares en 1997. Dado que una gran parte de sus ingresos proviene del turismo, supongamos que sus ingresos han aumentado al mismo ritmo que el rápido crecimiento de ese sector. En 1997, Cuba contaba con 1,2 millones de visitantes extranjeros (según el Anuario Estadístico de Cuba en 2004). En 2016, Cuba tuvo 4,1 millones, un aumento del 249%. A esa misma tasa de aumento, los ingresos proyectados de las empresas ligadas a los militares en 2016 serían $3,4 mil millones.

Podemos comprobar la fiabilidad de esta estimación con datos de las tres principales empresas militares, Gaviota, Cimex y TRD. Gaviota, el mayor conglomerado controlado por militares, se concentra en el turismo. Los ingresos totales del sector turístico fueron de $2,8 mil millones en 2015 (Anuario Estadístico 2015). Mientras que Gaviota es el mayor participante, no tiene un monopolio; controla el 40% de todas las habitaciones de hotel disponibles (aunque tiene una mayor proporción de las mejores), además de alquiler de coches, taxis turísticos y restaurantes. Es posible, entonces, que Gaviota pueda generar tanto como el 60 por ciento de los ingresos del turismo, o aproximadamente $1,7 mil millones.

Cimex tuvo ingresos de $740 millones en 2004. Utilizando el mismo método de proyección basado en el crecimiento del turismo, los ingresos estimados para 2016 de Cimex habrían sido de aproximadamente
$1,3 mil millones. El Grupo de Consultoría de La Habana, cuyo presidente Emilio Morales fue anteriormente ejecutivo en Cimex, estima sus ingresos como de $1,2 mil millones.

TRD, una cadena de tiendas creada para capturar divisas, tuvo ventas de $250 millones en 2004. Utilizando el mismo método de proyección, los ingresos estimados de TRD en 2016 habrían sido de aproximadamente
$442 millones.

Por lo tanto, estimamos que las tres compañías más grandes de GAESA tomadas en conjunto tendrían en 2016 ingresos por cerca de $3,45 mil millones, muy cerca de los $3,4 mil millones estimados inicialmente a partir de los datos sobre los ingresos totales del MINFAR. Emilio Morales, del Grupo de Consultoría de La Habana, usando los datos que ha recopilado en los últimos 15 años, estima que los ingresos totales de GAESA son de $3,8 mil millones.

Utilizando la estimación de Morales, los ingresos de GAESA representan el 21% del total de ingresos en divisas de las empresas estatales y del sector privado, 8% de los ingresos estatales totales y sólo 4% del PIB (Anuario Estadístico 2015). Hay una larga distancia hasta el 60% de la economía, no importa qué métrica se utilice.

¿De dónde vino?

Entonces, ¿de dónde proviene la afirmación descontroladamente inexacta del 60%?

Apareció por primera vez en una noticia en febrero de 2004 en el Miami Herald acerca del jefe de Gaviota, Manuel Marrero Cruz, que fue nombrado ministro de Turismo. “Las fuerzas armadas cubanas han asumido hasta el 60 por ciento de la economía de la isla”, informó el Herald, citando al Proyecto de Transición de Cuba (CTP), del Instituto de Estudios Cubanos y Cubanoamericanos de la Universidad de Miami, un proyecto financiado por el gobierno estadounidense.

En los meses siguientes, el director del Instituto, Jaime Suchlicki, repitió regularmente la aseveración. En las actas de una conferencia del CTP en noviembre de 2004, escribió: “Actualmente, más del 65 por ciento de las principales industrias y empresas están en manos de oficiales militares en activo o retirados”. En agosto de 2006, dijo a la Associated Press, “Están dirigiendo el 60 por ciento de la economía cubana. Todas las principales industrias están en manos de militares en servicio activo o de exmilitares”.

Aunque no se presentaron datos o pruebas para apoyar esa afirmación, la formulación de Suchlicki era al menos posible, aunque engañosa, porque incluía no sólo las empresas gestionadas por las fuerzas armadas, sino empresas civiles y ministerios enteros encabezados por militares en activo o retirados. La implicación era que estas entidades eran controladas por las fuerzas armadas, aunque no había ninguna base para tal conclusión. Por el contrario, debido a que el ejército siempre ha estado entre las instituciones cubanas más eficientes, tiene una larga historia que se remonta a la década de 1970 de exportar gerentes al sector civil.

Pronto, el reclamo del control militar se convirtió en una afirmación de que las propias empresas del MINFAR constituían el 60% de la economía. “El Instituto de Estudios Cubanos y Cubanoamericanos de la Universidad de Miami estima que los soldados controlan más del 60% de la economía de la isla”, informó The Wall Street Journal en noviembre de 2006.

Otros conservadores adoptaron el tema. “El ejército controla aproximadamente el 60 por ciento de la economía por medio de la gestión de cientos de empresas en sectores económicos clave”, escribió Carl Gershman, presidente de la National Endowment for Democracy (que también recibió fondos del gobierno estadounidense para la “promoción de la democracia” en Cuba), y Orlando Gutiérrez, secretario nacional de la organización exiliada Directorio Democrático Cubano. Un informe de la Fundación Heritage en 2008 declaró: “Militares en activo o retirados dirigen un 60 por ciento de los negocios y la industria de Cuba”.

Para el año 2016, el propio Suchlicki, que originalmente había sido cuidadoso en especificar que estaba hablando de industrias y empresas dirigidas por oficiales militares y antiguos oficiales, se había sumado a la amplia e inequívoca afirmación de que “más del 60% de la economía está bajo control militar”. Varios periódicos y sitios web repitieron el reclamo a lo largo de los años, preparando el escenario para que este “hecho” fuera ampliamente difundido cuando el anuncio del Presidente Trump convirtió en noticia el papel de los militares cubanos en la economía, como lo demuestra la declaración del Miami Herald, “GAESA… controla el 60 por ciento de la economía de la isla”.

Es un estudio de caso la manera en que hechos falsos se legitiman y difunden, incluso sin el impulso de los medios sociales. Promulgada por un centro universitario, lo cual dio credibilidad al reclamo, comenzó como una exageración del control militar, metiendo en el mismo saco a empresas militares y empresas civiles dirigidas por oficiales en activo y oficiales retirados.

Gradualmente, esos detalles desaparecieron, tal vez porque la declaración abierta del control del 60% era más dramática, o una cita que sonaba mejor, o quizás porque los periodistas no fueron capaces de entender los matices de la aseveración. Mientras más fuentes la citaban, ganaba credibilidad. Para cuando el presidente Trump anunció la política del 16 de junio en Miami, se había convertido en creencia popular de que las empresas militares cubanas controlaban el 60% de la economía, aunque ese “hecho” estuviera espectacularmente equivocado.

William M. LeoGrande, es colaborador y profesor de Gobierno en la American University.

(Tomado de The Huffington Post)

¿Quién es el senador Marco Rubio?

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El senador cubanoamericano, Marco Rubio luego de perder en las primarias ante Donald Trump, apoyó al magnate y le presionó para cambiar las relaciones con Cuba. Foto: Rainier Ehrhardt/ AP.

Las elecciones de medio término en el 2010 hicieron saltar a la vida política nacional estadounidense a Marco Rubio, quien se convirtió en Senador republicano por el estado de Florida.

Su carrera, de rápido ascenso, transcurrió por canales que lo vinculan directamente con el ala más conservadora de lo que podríamos calificar como extrema derecha cubanoamericana.

Nació en 1971 en Estados Unidos, es hijo de inmigrantes cubanos que se marcharon del país antes del triunfo de la Revolución. Mientras estudiaba Derecho trabajó para la congresista Ileana Ros-Lehtinen. También colaboró en 1996 con la campaña de Bob Dole, candidato presidencial republicano que perdió ante William Clinton.

Rubio fue comisionado de la ciudad de West Miami entre 1998 y el 2000, y miembro de la Cámara de Representantes de Florida entre el 2000 y el 2008. Sus credenciales incluyen además estrechas relaciones con Jeb Bush, a quien describió como “el hombre que más admira en la política floridana”.

No obstante, su discurso público sobre el hijo y hermano de los expresidentes cambió en las últimas elecciones generales de Estados Unidos, cuando tuvo que competir contra él para aspirar a la candidatura republicana.

Como parte de la narrativa de su vida, que lo ayudó a llegar al Senado, insistía en ser el hijo de “exiliados cubanos que habían huido de la dictadura de Castro”. No obstante, documentos publicados en el 2011 por el diario The Washington Post demostraron que sus padres habían emigrado por razones económicas en la década del 50 para buscar trabajo en Estados Unidos.

Su formación y estrechos vínculos con el Partido Republicano en Florida, unido a los cambios en la vida política estadounidense en el 2010, ayudaron a que Marco Rubio se vinculara al Tea Party, movimiento conservador que ganó fuerza en Estados Unidos a partir del 2009, y que en las elecciones legislativas del año siguiente logró colocar en el Congreso a algunos de sus seguidores. Marco Rubio ganó el calificativo de “príncipe de la corona” de ese grupo, aunque con los años ha intentado desmarcarse del movimiento.

Dentro del Congreso integra los comités de Inteligencia; Envejecimiento; Asignaciones; Pequeños negocios y empresarios; y Relaciones exteriores, donde preside el subcomité para los asuntos del Hemisferio Occidental.

Desde ese puesto ha impulsado proyectos para sancionar a países como Irán y Venezuela, y recrudecer el bloqueo contra Cuba. Durante el 114 Congreso (2015-2016) presentó 69 proyectos de ley, relacionados tanto con la política exterior como con los asuntos internos.

Los registros de sus votaciones lo ubican en el ala conservadora del espectro político estadounidense, tanto en lo social como en lo político y lo económico. Por ejemplo, se opone al aborto, al aumento de impuestos a los más ricos, al control de armas, y a la ley de salud conocida como Obamacare. Asimismo, en el 2011 apoyó la agresión militar contra Libia.

Por otro lado, aunque considera que el cambio climático es real, cuestiona la medida en que los humanos estamos contribuyendo a ello, y considera que otros países como China son los principales responsables.

En materia de inmigración, apoya el fortalecimiento de las fronteras, aunque ha propuesto ofrecer un camino a la ciudadanía para algunas personas que hayan llegado ilegalmente a Estados Unidos. Formó parte del conocido como grupo de los ocho, integrado por cuatro senadores demócratas y cuatro republicanos, que durante la presidencia de Barack Obama elaboraron un proyecto de reforma migratoria, que no fue aprobado por el Congreso.

Solo en el 2016 recaudó para su campaña más de 52 millones de dólares, y entre sus donantes principales destacan nombres de instituciones bancarias como Goldman Sachs, Morgan Stanley y Bank of America.

Después de ser derrotado por Donald Trump como aspirante a la candidatura republicana, se presentó a reelección como Senador, y venció con el 52 % de los votos. En el 2022 deberá luchar nuevamente por su puesto en el Capitolio.

  • Edad: 46 años
  • Lugar de nacimiento: Miami, Florida, Estados Unidos
  • Cargo: Senador de Estados Unidos (2011-…)
  • Afiliación política: Partido Republicano

(Tomado de Granma)

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