¿Controlan realmente los militares cubanos el 60% de la economía?

Panfilo

William M. LeoGrande
The Huffington Post

Anatomía de un hecho falso

La decisión del presidente Donald Trump de prohibir las transacciones estadounidenses con empresas cubanas controladas por los militares ha puesto de relieve el papel de las fuerzas armadas en la economía cubana. Ese papel es extenso, alcanzando a varios sectores diferentes, y ha crecido en los últimos años junto con la industria turística de Cuba, donde las empresas controladas por militares están concentradas.
Estas empresas son administradas por el holding Grupo de Administración Empresarial S.A., GAESA, dependiente del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR).

El súbito repunte del interés mediático ha generado una repetición generalizada del “hecho” espurio de que el ejército cubano controla el 60% de la economía. “GAESA es el brazo empresarial de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Cubanas y controla el 60 por ciento de la economía de la isla”, reportó The Miami Herald poco después del discurso de Trump y repitió varias veces a partir de entonces. The Economist, Politico, The Guardian, The Times de Londres, Business Insider y otros lo repitieron.

Incluso una revisión superficial de la composición del Producto Interno Bruto de Cuba demuestra que este “hecho” es absurdo. Los sectores en los que el ejército tiene poca o ninguna participación fácilmente comprenden más de la mitad del PIB, y en los otros sectores hay empresas civiles, así como otras controladas por militares (Anuario Estadístico 2015).

Entonces, ¿qué porción de la economía realmente controlan las empresas militares y de dónde provino la aseveración del 60%?

Por lo general, el gobierno cubano no informa de los ingresos de las empresas individuales, pero tenemos unos pocos datos de las compañías más grandes del holding de las cuales podemos hacer proyecciones razonables.

Los ingresos totales de las empresas gestionadas por los militares se reportaron como de $970 millones de dólares en 1997. Dado que una gran parte de sus ingresos proviene del turismo, supongamos que sus ingresos han aumentado al mismo ritmo que el rápido crecimiento de ese sector. En 1997, Cuba contaba con 1,2 millones de visitantes extranjeros (según el Anuario Estadístico de Cuba en 2004). En 2016, Cuba tuvo 4,1 millones, un aumento del 249%. A esa misma tasa de aumento, los ingresos proyectados de las empresas ligadas a los militares en 2016 serían $3,4 mil millones.

Podemos comprobar la fiabilidad de esta estimación con datos de las tres principales empresas militares, Gaviota, Cimex y TRD. Gaviota, el mayor conglomerado controlado por militares, se concentra en el turismo. Los ingresos totales del sector turístico fueron de $2,8 mil millones en 2015 (Anuario Estadístico 2015). Mientras que Gaviota es el mayor participante, no tiene un monopolio; controla el 40% de todas las habitaciones de hotel disponibles (aunque tiene una mayor proporción de las mejores), además de alquiler de coches, taxis turísticos y restaurantes. Es posible, entonces, que Gaviota pueda generar tanto como el 60 por ciento de los ingresos del turismo, o aproximadamente $1,7 mil millones.

Cimex tuvo ingresos de $740 millones en 2004. Utilizando el mismo método de proyección basado en el crecimiento del turismo, los ingresos estimados para 2016 de Cimex habrían sido de aproximadamente
$1,3 mil millones. El Grupo de Consultoría de La Habana, cuyo presidente Emilio Morales fue anteriormente ejecutivo en Cimex, estima sus ingresos como de $1,2 mil millones.

TRD, una cadena de tiendas creada para capturar divisas, tuvo ventas de $250 millones en 2004. Utilizando el mismo método de proyección, los ingresos estimados de TRD en 2016 habrían sido de aproximadamente
$442 millones.

Por lo tanto, estimamos que las tres compañías más grandes de GAESA tomadas en conjunto tendrían en 2016 ingresos por cerca de $3,45 mil millones, muy cerca de los $3,4 mil millones estimados inicialmente a partir de los datos sobre los ingresos totales del MINFAR. Emilio Morales, del Grupo de Consultoría de La Habana, usando los datos que ha recopilado en los últimos 15 años, estima que los ingresos totales de GAESA son de $3,8 mil millones.

Utilizando la estimación de Morales, los ingresos de GAESA representan el 21% del total de ingresos en divisas de las empresas estatales y del sector privado, 8% de los ingresos estatales totales y sólo 4% del PIB (Anuario Estadístico 2015). Hay una larga distancia hasta el 60% de la economía, no importa qué métrica se utilice.

¿De dónde vino?

Entonces, ¿de dónde proviene la afirmación descontroladamente inexacta del 60%?

Apareció por primera vez en una noticia en febrero de 2004 en el Miami Herald acerca del jefe de Gaviota, Manuel Marrero Cruz, que fue nombrado ministro de Turismo. “Las fuerzas armadas cubanas han asumido hasta el 60 por ciento de la economía de la isla”, informó el Herald, citando al Proyecto de Transición de Cuba (CTP), del Instituto de Estudios Cubanos y Cubanoamericanos de la Universidad de Miami, un proyecto financiado por el gobierno estadounidense.

En los meses siguientes, el director del Instituto, Jaime Suchlicki, repitió regularmente la aseveración. En las actas de una conferencia del CTP en noviembre de 2004, escribió: “Actualmente, más del 65 por ciento de las principales industrias y empresas están en manos de oficiales militares en activo o retirados”. En agosto de 2006, dijo a la Associated Press, “Están dirigiendo el 60 por ciento de la economía cubana. Todas las principales industrias están en manos de militares en servicio activo o de exmilitares”.

Aunque no se presentaron datos o pruebas para apoyar esa afirmación, la formulación de Suchlicki era al menos posible, aunque engañosa, porque incluía no sólo las empresas gestionadas por las fuerzas armadas, sino empresas civiles y ministerios enteros encabezados por militares en activo o retirados. La implicación era que estas entidades eran controladas por las fuerzas armadas, aunque no había ninguna base para tal conclusión. Por el contrario, debido a que el ejército siempre ha estado entre las instituciones cubanas más eficientes, tiene una larga historia que se remonta a la década de 1970 de exportar gerentes al sector civil.

Pronto, el reclamo del control militar se convirtió en una afirmación de que las propias empresas del MINFAR constituían el 60% de la economía. “El Instituto de Estudios Cubanos y Cubanoamericanos de la Universidad de Miami estima que los soldados controlan más del 60% de la economía de la isla”, informó The Wall Street Journal en noviembre de 2006.

Otros conservadores adoptaron el tema. “El ejército controla aproximadamente el 60 por ciento de la economía por medio de la gestión de cientos de empresas en sectores económicos clave”, escribió Carl Gershman, presidente de la National Endowment for Democracy (que también recibió fondos del gobierno estadounidense para la “promoción de la democracia” en Cuba), y Orlando Gutiérrez, secretario nacional de la organización exiliada Directorio Democrático Cubano. Un informe de la Fundación Heritage en 2008 declaró: “Militares en activo o retirados dirigen un 60 por ciento de los negocios y la industria de Cuba”.

Para el año 2016, el propio Suchlicki, que originalmente había sido cuidadoso en especificar que estaba hablando de industrias y empresas dirigidas por oficiales militares y antiguos oficiales, se había sumado a la amplia e inequívoca afirmación de que “más del 60% de la economía está bajo control militar”. Varios periódicos y sitios web repitieron el reclamo a lo largo de los años, preparando el escenario para que este “hecho” fuera ampliamente difundido cuando el anuncio del Presidente Trump convirtió en noticia el papel de los militares cubanos en la economía, como lo demuestra la declaración del Miami Herald, “GAESA… controla el 60 por ciento de la economía de la isla”.

Es un estudio de caso la manera en que hechos falsos se legitiman y difunden, incluso sin el impulso de los medios sociales. Promulgada por un centro universitario, lo cual dio credibilidad al reclamo, comenzó como una exageración del control militar, metiendo en el mismo saco a empresas militares y empresas civiles dirigidas por oficiales en activo y oficiales retirados.

Gradualmente, esos detalles desaparecieron, tal vez porque la declaración abierta del control del 60% era más dramática, o una cita que sonaba mejor, o quizás porque los periodistas no fueron capaces de entender los matices de la aseveración. Mientras más fuentes la citaban, ganaba credibilidad. Para cuando el presidente Trump anunció la política del 16 de junio en Miami, se había convertido en creencia popular de que las empresas militares cubanas controlaban el 60% de la economía, aunque ese “hecho” estuviera espectacularmente equivocado.

William M. LeoGrande, es colaborador y profesor de Gobierno en la American University.

(Tomado de The Huffington Post)

Senador Marco Rubio defiende ley antiinmigrante de Arizona

(PL) El senador republicano por Florida Marco Rubio mostró hoy su apoyo a la ley antiinmigrante de Arizona, si bien aseguró que no quisiera que la disposición se extendiera a nivel nacional.

Creo que Arizona tiene el derecho constitucional de aprobar esta medida; entiendo por qué lo hicieron, indicó el legislador de origen cubano.

Sin embargo, considero que no debería ser un modelo para el país y creo que otros estados deberían evadir su ejemplo.

No quisiera una ley así en Florida, defendió Rubio en el programa Meet the Press de la cadena televisiva NBC News.

Pero en última instancia, la culpa de ese tipo de leyes recae sobre los hombros de los funcionarios y el gobierno federal por no hacer su papel a la hora de aplicar las leyes de inmigración, agregó.

Asimismo, el senador criticó la reciente decisión de la Casa Blanca de suspender las expulsiones de indocumentados durante dos años, acción que podría beneficiar a unos 800 mil jóvenes menores de 30 años, pero solo bajo ciertas condiciones.

Por otro lado, Rubio reiteró su oposición a la llamada “Dream Act”, iniciativa que permitiría a los hijos de los inmigrantes ilegales convertirse en ciudadanos estadounidenses.

La Corte Suprema de Justicia debe emitir esta semana un fallo respecto a la polémica iniciativa conocida como la SB 1070 del estado de Arizona.

Esta propuesta es repudiada por grupos de derechos civiles y de defensa de los derechos de los inmigrantes, pues a su juicio implementa prácticas discriminatorias, racistas y xenófobas.

Uno de los más polémicos acápites de la iniciativa faculta a los agentes policiales a detener a cualquier persona bajo el manto de la sospecha para verificar su estatus legal.

Una docena de estados entre los cuales figuran Alabama, Georgia, Indiana, Carolina del Sur y Utah promulgaron medidas radicales similares.

Tres años en la Oficina Oval han sido insuficientes para que el presidente Barack Obama materialice su promesa de campaña de concretar una reforma migratoria, dilación que habría incidido en que varios territorios decidieron tomar pasos concretos en materia de prohibir la entrada al país de los indocumentados.

La actual administración demócrata exhibe, no obstante, el récord de haber deportado la mayor cantidad de personas ilegales, unas 400 mil por año, cifra superior a lo registrado en similar periodo del gobierno del expresidente George W. Bush.

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